El 2 de enero de 2005 un hecho violento que se produjo en la ciudad de San José de Feliciano motivó la presencia policial en plena zona céntrica. Juan Ramón Peralta, con antecedentes policiales y que acababa de protagonizar un altercado mientras andaba de a caballo, se encontraba emocionalmente desequilibrado y, ante una inminente detención, resolvió mantener como rehenes a su mujer y a su propio hijo amenazándolos con cortarles el cuello con un facón, mientras un par de uniformados intentaban hacerlo desistir de su actitud.Uno de ellos, el suboficial Hugo Aguirre buscó reducirlo, pero terminó apuñalado en una pierna y, casi de inmediato, un camarada que le apuntaba a Peralta con su arma reglamentaria, el agente Nelson Variés, le disparó, acertándole en la cabeza, lo que le provocó la muerte en forma instantánea.
Este hecho motivó que Variés fuera juzgado en 2007 en Paraná. En ese juicio, el fiscal José María Chemes se preguntaba cómo podía ser que ninguno de todos los testigos que estaban allí, e incluso el personal policial, viera el momento del disparo y que sorpresivamente, un buen rato después apareciera un arma de fuego junto al cuerpo de quien sólo había exhibido un cuchillo.
La muerte de Peralta en aquel incidente provocó la inmediata comunicación telefónica de los uniformados que intervinieron con el entonces jefe de la Policía del departamento Feliciano, comisario Diego Ascargorta
El alto funcionario impartió a través de su teléfono las órdenes de rigor e indicó que solicitaran al sumariante de la jurisdicción efectuar el relevamiento de la delicada situación que comprometía el accionar a mano armada de un subordinado a su cargo.
Fue encargado de llevar adelante las actas de rigor que, con posterioridad, iban a servir para informar al juez jurisdiccional el oficial de la Policía de Entre Ríos, Jorge Eduardo Farías.
El sumariante, luego de introducir nombres de los protagonistas del lamentable suceso, de testigos y de encomendar planimetrías y registros de rutina, dejó asentado que se secuestraba el arma reglamentaria del policía que aducía haber actuado en legítima defensa y también otras dos armas que habían sido halladas junto al cadáver del hombre abatido.
Una de ellas era una cuchilla de considerables dimensiones y la otra un arma de fuego.
Con el correr de la investigación se logró establecer que el fallecido no había sostenido, amenazado ni exhibido arma de fuego alguna y de inmediato se responsabilizó al oficial Jorge Eduardo Farías de haber falseado las actas, con la intención de favorecer la situación de su camarada, quien le había disparado al hombre que solo empuñaba un cuchillo, causándole la muerte.
Entre idas y vueltas, el proceso de Farías llegó a cumplir cinco años, durante los cuales la institución policial lo mantuvo en situación de pasividad, cobrando solo el 50 por ciento de su salario y sin posibilidad de ascender y desempeñarse profesionalmente.
El Juicio
Finalmente, ayer fue juzgado por el tribunal de la Sala Segunda de la Cámara del Crimen, donde se ventilaron situaciones que obligaron al Fiscal de Cámara a desistir de la acción penal y a solicitar la absolución del encartado.
El defensor de Farías, Marcos Rodríguez Allende, mencionó que “declararon dos testigos civiles, uno de apellido Percara y otro de apellido Rodríguez y dos
El letrado detalló que “de las actuaciones surgió que hubo una incorporación irregular de una prueba –el arma-, pero que de ninguna manera fue el imputado, Farías, quien colocó el revólver allí. Por el contrario, el imputado fue utilizado como instrumento para torcer la investigación”.
Por su parte, el Fiscal de Cámara, Rafael Cotorruelo, sostuvo que de ninguna manera podía mantener la imputación a este oficial y se debía investigar el accionar desplegado por el ex jefe departamental Ascargorta.
Fuente: 03442.com.ar
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